
«El mayor beneficio es haber terminado una guerra, un conflicto armado con la guerrilla más antigua, más poderosa en su momento, de todo el hemisferio occidental, que eran las FARC. Eso ha salvado miles de vidas y cambió en buena parte el futuro del país», expresa Santos, ganador del Premio Nobel de Paz precisamente por ese acuerdo.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, un total de 10.943 personas permanecen vinculadas al proceso de reincorporación 10 años después de la firma, lo que representa el 76 % de las personas que se acreditaron como miembros de las FARC al momento de su desmovilización.
«Creo que el mundo entero está aplaudiendo ese acuerdo, un acuerdo que lleva 10 años de firmado, que mantiene a toda esta gente que firmó acogida al acuerdo», afirma el expresidente.
Muchas víctimas han manifestado en estos últimos años su desacuerdo con el acuerdo y su implementación, una críticas que han cobrado fuerza pública en las últimas semanas con la proximidad del aniversario y la llegada al poder del presidente, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, contrario al documento suscrito.
La diana de los críticos son la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, y el hecho de que los excombatientes no estén pagando condenas de cárcel sino penas restaurativas.
Esto se debe a que las penas que dicta la JEP tratan de restaurar daños y están orientadas, por lo general, a la búsqueda de personas desaparecidas, la construcción de memoria, la dignificación de las víctimas, el desminado humanitario, el mejoramiento de infraestructura rural y el fortalecimiento de iniciativas productivas.
«Muchas de esas víctimas tienen razón de sentir que no les han reparado lo suficiente. Acuérdese que hay 10 millones de víctimas. Reparar 10 millones de víctimas es físicamente imposible y uno entiende que algunas víctimas no quedan satisfechas con la justicia transicional», afirma Santos.
Añade: «Hubieran preferido ver a los victimarios en una cárcel, pero la mayoría de las víctimas, cuando confrontan a sus victimarios y ellos les piden perdón, les dicen la verdad y comienzan una serie de trabajos de reparación, (entonces) se sienten reparadas y esa es la base de la reconciliación, que es lo que este país necesita».
Sin embargo, el expresidente reconoce que les faltó «pedagogía» sobre lo que firmaron «porque hay gente que no está contenta con el tipo de sanciones que la justicia está imponiendo sobre los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad», pese a que eso fue lo que se acordó desde un principio.
Santos opina que «el lunar de la implementación» ha sido el asesinato de 521 excombatientes desde que se firmó el acuerdo y que entre enero de 2016 y junio pasado fueron registrados 1.743 homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
«Eso es una responsabilidad del Estado. El Estado ha debido protegerlos y ahí hay unas instancias sobre unas garantías de seguridad que se comenzaron a establecer, pero que después se bajó la guardia», apunta el exmandatario.
Eso, dice, ha dado lugar al surgimiento de disidencias de la guerrilla, que calificó de «bandas criminales» y no tanto guerrillas, «que están disputando el control del territorio y asesinando líderes sociales o firmantes de paz porque ven que de una u otra forma les pueden competir para su control territorial».
«Ahí el Estado tiene que tener una política de seguridad más efectiva», concluye Santos.
